La ley Crea y Crece fue aprobada en septiembre de 2022, pero su entrada en vigor ha sido muy escalonada. En concreto, las empresas que facturan al año más de ocho millones de euros ya tuvieron que adaptarse a esta nueva normativa a partir de octubre de 2023, un año después de la publicación en el BOE.
Para el resto de empresas, la inmensa mayoría, y también para los profesionales autónomos, la Administración dio un tiempo de margen que se ha cumplido hace unos meses. Dos años después de la entrada en vigor de la ley, es decir, en octubre de 2024, es cuando ya comenzaba definitivamente a estar operativa.
La principal novedad de este instrumento legal es que las empresas tienen que comenzar a emitir facturas electrónicas con una serie de requisitos: facturas en las que se asegure la integridad, inalterabilidad y trazabilidad, documentos que sean interoperables en cualquier tipo de software especializado en este ámbito y programas informáticos en los que se asegure la seguridad, el control y la estandarización de los datos que se manejan.
Un intento de luchar contra el fraude y aportar transparencia
Esta ley no es la misma que la Ley Antifraude, pero sí busca un efecto parecido. Ambos instrumentos están diseñados para combatir y perseguir la evasión fiscal. Gracias a la facturación electrónica, las transacciones y mucha información sensible se digitaliza, lo que permite que las administraciones pertinentes tengan acceso a datos reales sobre la actividad comercial.
De hecho, esta similitud entre Crea y Crece y la ley antifraude se pone de manifiesto en uno de los requisitos ya citados, y es que todas las facturas elaboradas con métodos electrónicos han de cumplir con los requisitos antifraude. De este modo, se pueden rectificar facturas, pero no borrarlas ni eliminarlas del registro informático.
Por otra parte, la ley invita a colaborar con las administraciones públicas, en este caso con la Agencia Tributaria. Los software y aplicaciones que ya trabajan con Crea y Crece permiten remitir de manera voluntaria los registros a Hacienda a través del sistema VeriFactu.
Al optar por esta opción se adquieren ventajas como la no obligatoriedad de firmar electrónicamente los registros de facturación, integrar los registros de facturación en los libros registro de IVA e IRPF y hacer saber a los clientes que las facturas han sido bien tramitadas a la Agencia Tributaria.
¿Qué ventajas aporta la facturación electrónica?
La entrada en vigor de esta nueva normativa obliga a las empresas a incorporar la facturación electrónica en sus negocios. No obstante, aunque es una imposición por parte de las administraciones públicas, no hay que dejar de lado todos los aspectos positivos que incluye la nueva normativa.
Así, la ley crea y crece para pymes facilita la realización de presupuestos. Gracias a ella, y especialmente a las plataformas que dominan todo lo relacionado con la facturación electrónica, se pueden emitir recibir y organizar facturas, controlar el estado de los gastos e ingresos, programar gastos periódicos y estar al día de los pagos y anticipar problemas financieros.
En resumen, es una herramienta que automatiza e informatiza aspectos muy vitales para el funcionamiento de una empresa y que lleva aparejado consigo la reducción de posibles errores humanos.
La adaptación a las nuevas normas legales es urgente
En principio, la Ley Crea y Crece ponía como fecha tope para la entrada en vigor de esta normativa dos años después de su publicación en el BOE. Eso para aquellas empresas y autónomos con una facturación por debajo de los ocho millones de euros.
Sin embargo, el borrador de la ley aún no se ha publicado, por lo que los tiempos están sobrepasados. Muchas empresas temen que la aprobación definitiva les obligue a adoptar cambios muy costosos para su apartado presupuestario.
En cualquier caso, lo cierto es que muchas organizaciones sí han tenido bastante tiempo para interesarse por este tema y ya hay muchas plataformas que facilitan o agilizan esta transición. Pero a pesar de ello, el II Estudio sobre el estado de la facturación electrónica en España” elaborado por Generix, confirma que el 40% de las empresas en España desconocen la existencia de esta ley.
Y de aquellas que sí la conocen, el 69% son empresas con una facturación superior a los ocho millones de euros, por lo que ya deben estar implementando la facturación electrónica. Esto arroja como resultado que solo tres de cada diez empresas que sí están al tanto de estos cambios normativos son pymes.
A su vez, otro estudio, el barómetro de adaptación de las pymes españolas a las leyes Antifraude y Crea y Crece, publicado por la consultora Grupo Aitana – Opentix, concluye que solo un 16% de las empresas encuestadas cumple con los requisitos exigidos de ambas normativas.
Por todo esto, la conclusión es clara, estas nuevas leyes son buenos instrumentos para luchar contra la evasión fiscal y aportar más transparencia en la información económica, pero sigue siendo necesario un proceso digitalizador más decidido hacia la facturación electrónica.