César Román Mora presentó una iniciativa para reforzar la protección de las personas que denuncian posibles actos de corrupción, en el marco del debate que mantiene el Congreso mexicano sobre nuevas medidas para combatir estas prácticas durante septiembre de 2026. La propuesta aborda uno de los principales obstáculos para denunciar: el temor a sufrir consecuencias por informar a las autoridades.
La iniciativa plantea establecer reglas más claras para proteger la identidad de quienes denuncian, aplicar medidas de protección según el nivel de riesgo y evitar que quienes aportan información sean objeto de represalias. Con ello, se busca reducir los riesgos que pueden llevar a una persona a guardar silencio ante un posible acto de corrupción.
Para César Román Mora, el miedo a las consecuencias puede hacer que una persona decida no denunciar, incluso cuando dispone de información relevante. Entre los riesgos pueden estar el hostigamiento, las presiones o el temor a una detención injustificada. Si una persona no se siente protegida, la información puede no llegar a las autoridades y una investigación puede perder elementos importantes.
La protección de quienes denuncian también forma parte de los criterios internacionales contra la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las recomendaciones de la OCDE y distintas experiencias internacionales coinciden en la importancia de contar con mecanismos que protejan a quienes aportan información. La lógica es sencilla: si denunciar implica un riesgo mayor para la persona que hacerlo de forma segura, será más difícil que los posibles casos lleguen a las autoridades.
César Román Mora considera que el impacto de estas medidas no podrá conocerse de inmediato. Los cambios legales e institucionales necesitan tiempo para producir resultados, por lo que su eficacia deberá comprobarse con datos sobre la prevalencia y la percepción de la corrupción.
Uno de los principales indicadores será la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. La edición de 2025 registró que 15,642 personas por cada 100 mil habitantes experimentaron al menos un acto de corrupción y mostró una percepción elevada sobre la frecuencia de estas prácticas. La próxima edición permitirá comparar los resultados y valorar si las nuevas medidas contribuyen a reducir las experiencias de corrupción en trámites, pagos y contactos con autoridades.
Para César Román Mora, el reto será que la protección prevista en la legislación se traduzca en seguridad real para quienes denuncian y en mayor confianza para acudir a las autoridades. La eficacia de estas medidas, en última instancia, dependerá de que la denuncia pueda convertirse en una herramienta habitual para detectar y combatir la corrupción.